El relevamiento oficial de la Unidad de Evaluación de Impacto detalla que el sector de Agroindustria encabeza el registro con 125 normas derogadas. Los rubros de Finanzas, Comercio Exterior y Transporte continúan en la lista de áreas modificadas. El informe incluye medidas específicas como la simplificación de exportaciones postales, el reconocimiento de certificaciones internacionales para alimentos y la habilitación para importar maquinaria usada.
Durante su exposición frente al Instituto Prudencia, Cacace describió el trabajo del ministerio como una tarea de limpieza del sistema institucional. El funcionario detalló que el país acumuló un millón de normas vigentes a lo largo de las décadas, lo que generó un esquema incomprensible incluso para el propio Estado.
El representante gubernamental señaló al sector farmacéutico como el área con mayores distorsiones. Cacace remarcó que "la industria farmacéutica local se desarrolló a partir del proteccionismo" y ejemplificó como la apertura a la importación directa permitió a la provincia de Mendoza comprar amoxicilina en la India a cinco centavos de dólar, frente a los cincuenta centavos que costaba en el mercado interno. El Gobierno también autorizó el ingreso automático de productos aprobados por agencias de alta vigilancia como la FDA de Estados Unidos.
Las intervenciones arbitrarias afectaron también la provisión de insumos hospitalarios. El Estado obligaba a los centros de salud a comprar oxígeno con un 97 por ciento de pureza, en lugar del 95 por ciento aceptado a nivel mundial. Esta normativa impedía a los hospitales producir su propio insumo y garantizaba el negocio a un único proveedor nacional.
Las políticas de apertura abarcan de igual manera al sector agropecuario. El ministerio desreguló el mercado de la vacuna contra la fiebre aftosa, cuya resolución previa exigía inocular contra cuatro cepas del virus, incluyendo dos extintas, para proteger a un laboratorio local. Los ganaderos argentinos pagaban un dólar con cincuenta centavos por dosis, mientras los productores en Paraguay abonaban treinta y cinco centavos.
El debate abordó la falta de protección a la propiedad intelectual en el campo. El funcionario advirtió que la Argentina pierde 6.000 millones de dólares en productividad por la ausencia de resguardos legales para las inversiones genéticas, y explicó que el rendimiento del maíz crece el doble que el de la soja porque las semillas de soja se replantan sin pagar regalías a los desarrolladores. Ante esta problemática, el Gobierno impulsa la adhesión al tratado internacional UPOV 91 para garantizar el recupero de estas inversiones y normalizar el comercio con Europa y Estados Unidos.
El encarecimiento de la logística nacional conformó otro eje de la charla. Cacace anticipó el envío de una nueva Ley de Navegación al Congreso. Subrayó que provincias como Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes envían su producción al puerto de Buenos Aires en trescientos camiones porque las regulaciones laborales impiden utilizar un solo barco por la hidrovía fluvial.
El evento incluyó consultas sobre modernización estatal y tecnología. El secretario confirmó que el ministerio utiliza inteligencia artificial para analizar proyectos normativos y acelerar los tiempos burocráticos. También adelantó que el proyecto de Ley de Sociedades incorpora un artículo para otorgar responsabilidad patrimonial a los sistemas automatizados frente a posibles daños civiles.
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La ronda de preguntas incorporó las demandas directas del sector privado. Fidelina Arteaga, consultora de pequeñas y medianas empresas, solicitó apoyo estatal para capacitar a los emprendedores en materia de exportación. Arteaga indicó que hace falta orientar a las compañías para que aprovechen los acuerdos comerciales vigentes. El funcionario coincidió en el diagnóstico pero rechazó la idea de crear de dependencias públicas para esa tarea, argumentando que el sector privado debe liderar los servicios de consultoría.
Finalmente, un productor agropecuario reclamó por las excesivas exigencias impositivas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El asistente denunció que los requerimientos administrativos del sistema asfixian a los pequeños agricultores y provocan embargos injustificados. Cacace respondió que el ministerio recibe estos reclamos puntuales a través de plataformas oficiales para instar a los organismos de control a simplificar sus trámites de forma directa.