Diagnóstico correcto, remedio equivocado.
Fomentar la inversión privada, afianzar el derecho de propiedad y eliminar las trabas de la burocracia estatal son tareas indiscutibles para cualquier país que busque salir del estancamiento económico. En esa línea, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada acierta en su espíritu general. Sin embargo, hoy una corporación multinacional puede tener más liquidez, influencia y ambición sobre los recursos naturales que una nación entera. Ante esta realidad, el Gobierno corre el riesgo de confundir la apertura del mercado de bienes raíces con la cesión indiscriminada de la soberanía territorial.
La Lupa en 3 puntos:
- Desregulación territorial: El proyecto elimina el tope del 15% y el límite de 1.000 hectáreas, permitiendo a corporaciones privadas extranjeras adquirir zonas con recursos hídricos sin restricciones.
- Soberanía vs. Inversión: Si bien el objetivo del Gobierno es atraer Inversión Extranjera Directa (IED), el capital internacional no necesita soberanía territorial irrestricta para operar y ser rentable.
- A contramano del mundo: Potencias capitalistas como Estados Unidos, Canadá y Australia aplican un estricto monitoreo a la venta de tierras rurales para proteger su seguridad nacional.
El fin de los límites y el fantasma del “Estado extranjero”.
El nuevo proyecto del Ejecutivo elimina todas estas barreras. Mediante el artículo 35, deroga todos los artículos que establecían estos topes territoriales. Además, el artículo 30 modifica el sujeto de la prohibición: a partir de ahora, la restricción para comprar tierras rurales recaerá sobre los Estados extranjeros, sus organismos y las empresas con participación estatal mayoritaria de otros países. El mensaje dentro del documento oficial asume que el único riesgo para nuestra seguridad nacional es que otra nación intente apropiarse de nuestro territorio. Pero se omite una realidad innegable del siglo XXI: ¿qué pasa cuando el comprador no es un Estado, sino un conglomerado internacional privado con un patrimonio mayor al de muchos países?
Congreso de la Nación Argentina. Archivo Meridiano 58.
Al eliminar estas restricciones de extensión a los capitales privados, el proyecto legitima la posibilidad de crear enclaves corporativos. En regiones inmensas como la Patagonia, donde el control de la tierra y el agua dulce son claves para la geopolítica, permitir que una sola empresa adquiera millones de hectáreas sin ningún freno legal representa un riesgo en la búsqueda de la apertura comercial.
No es necesario imaginar casos futuros, aún hoy se pueden encontrar ejemplos claros de grandes concentraciones de tierra en manos extranjeras dentro del país. Si se toman en cuenta los números a nivel nacional, alrededor de un 5 por ciento del territorio es propiedad de titulares extranjeros . Pero si se enfoca la mirada en el nivel provincial y departamental , se encuentra que regiones que cuentan con recursos naturales clave presentan un alto número de tierras cuyos dueños no son ciudadanos argentinos. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, el departamento Lácar presenta un 54% de hectáreas extranjerizadas (257.346 ha).
La provincia de Santa Cruz -siendo una de las provincias de mayor extensión territorial en el país- no supera el límite fijado por la ley vigente: el 8,11 por ciento de su territorio se encuentra extranjerizado. Sin embargo, eso representa más de 1.900.000 hectáreas.
"Las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, solo tienen intereses permanentes."
— Lord Palmerston
Lago Lácar en San Martín de los Andes, Neuquén.
El argumento oficialista.
Quienes defienden las derogaciones incluidas en el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, sostienen un argumento económico que resulta razonable. Es cierto que Argentina posee millones de hectáreas en zonas áridas que requieren de un nivel de capital intensivo del que el empresariado nacional carece. El Gobierno plantea que el límite a la extranjerización ahuyentó la inversión extranjera directa (IED) , necesaria para minería de litio y cobre, energías renovables o agroindustria a gran escala.
Para el oficialismo, la prioridad es liberar el mercado, y así lograr la reactivación en las economías regionales del interior del país y revalorizar tierras ociosas que puedan insertarse en el circuito productivo.
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El error de este planteo es creer que para atraer los dólares y las inversiones es condición necesaria entregar la titularidad del suelo, algo que el capital internacional no requiere de manera irrestricta para poder operar y ser rentable. Para que una multinacional sea rentable explotando recursos como minerales, hidrocarburos, turismo o energías renovables, no necesita ser dueña de la tierra a perpetuidad. Alcanza con sistemas de concesiones, arrendamientos a largo plazo o derechos de usufructo.
El éxito de modelos de esta índole se puede ver en acuerdos como los realizados por YPF con Chevron (Loma Campana) y Petronas (La Amarga Chica) en Vaca Muerta, donde mediante sistemas de concesiones y sociedades (joint ventures) , se logró la inversión de miles de millones de dólares y el acceso al know-how tecnológico, obteniendo rentabilidades altísimas para las empresas involucradas.
El principal objetivo del capital es el retorno de la inversión (ROI) . Para garantizar esto no es necesaria la cesión del territorio, sino seguridad jurídica, libertad para repatriar dividendos y estabilidad fiscal e impositiva.
Cambios Inminentes.
Frente al fuerte rechazo social durante las últimas semanas y la resistencia de los bloques dialoguistas, fuentes dentro del Gobierno afirman que se podrían aceptar cambios al proyecto, incluyendo el aumento del tope máximo de adquisición de tierras para extranjeros -el cual se rumorea que pasaría del 15 al 25 por ciento-, resignando la intención original de eliminar por completo dicho límite.
Soberanía como regla del mercado.
Defender la integridad del territorio nacional no significa alzar una bandera anticapitalista, ni es un capricho aislacionista que busque espantar inversiones genuinas. Por el contrario, a lo largo de todo el mundo, la regulación del suelo es una práctica común en las principales potencias.
En Estados Unidos -el corazón del capitalismo- la seguridad de su territorio es debate constante. Estados agrícolas como Iowa prohíben estrictamente que entidades extranjeras adquieran tierras cultivables. A nivel federal, a través de la Ley de Divulgación de Inversiones Extranjeras en la Agricultura (AFIDA), el gobierno norteamericano monitorea cada hectárea , y en los últimos años más de la mitad de los estados han endurecido sus prohibiciones para evitar que corporaciones extranjeras adquieran tierras cercanas a recursos hídricos, bases militares o infraestructura crítica.
Campos de maíz cosechados por tractores en Austin, Minnesota.
Naciones como Canadá y Australia, dos gigantes con inmensas extensiones de recursos naturales -comparables a la geografía de la Patagonia-, aplican medidas igual de defensivas. En Canadá, Saskatchewan limita la propiedad extranjera de tierras agrícolas a un máximo de 10 acres (4 hectáreas). En Australia, la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras FIRB , obliga a que cualquier compra de tierras agrícolas que supere cierto monto monetario tenga que someterse a un escrutinio estatal para garantizar que no contraríe el “interés nacional” . Nueva Zelanda hace algo similar: para comprar tierras rurales o estratégicas se requiere la autorización directa de la Oficina de Inversiones en el Extranjero (OIO) , que evalúa si la operación aporta un beneficio demostrable y sustancial al país.
Ninguna de estas naciones es enemiga del libre mercado, pero comprenden que la tierra y el agua dulce no son activos financieros ordinarios.
Aprobar la derogación de los artículos 8, 9 y 10 de la actual Ley 26.737 -eliminando el tope del 15% nacional y el límite de las 1000 hectáreas- sin establecer un nuevo esquema de contención frente a los grandes capitales privados internacionales, no nos acerca a las prácticas del primer mundo. Por el contrario, nos aleja.
En lugar de apostar a una apertura total sin reparos al estilo uruguayo o inglés , el avance hacia modelos de apertura sujeta a aprobación estratégica o el aumento del tope cuantitativo, parece ser el sendero más sensato para lograr la deseada integración al circuito económico mundial sin correr el riesgo de cometer errores geopolíticos a futuro.
Es verdad, el mercado necesita libertad para generar riqueza, la propiedad privada debe ser inviolable para asegurar el progreso económico y establecer un marco legal claro y previsible debe ser prioridad, tal como sostiene el espíritu de este nuevo proyecto legislativo. Pero la soberanía territorial es un requisito previo e innegociable para garantizar la prosperidad de la nación.