El gobierno nacional inició una serie de expedientes sancionatorios y acciones contra 60 personas y empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas. El número incluye operadoras petroleras, subsidiarias, firmas de inversión y directivos.
Entre las empresas se encuentran Navitas Petroleum de origen israelí y socio mayoritario del proyecto; las firmas de origen británico Rockhopper Exploration (PLC, Hydrocarbons Limited y Oil Limited) y Borders & Southern Falkland Islands Limited, y la canadiense JHI Associates Inc. Todas conforman el megaproyecto de exploración y explotación petrolera Sea Lion, ubicado en la plataforma continental del territorio marítimo de ultramar.
Sanciones económicas, políticas y patrimoniales
Las sanciones económicas buscan afectar la rentabilidad y los ingresos de estas compañías mediante un parámetro basado en el mercado internacional.
El gobierno busca imponer una multa a los barriles de petróleo. Las sanciones monetarias no se establecen en sumas fijas, sino que se calculan en función del precio internacional del barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate). Las escalas van desde los 4 mil hasta los 500 mil barriles, con techos que pueden escalar según la gravedad de la extracción ilegal.
- El piso mínimo de barriles, equivalente a 4 mil unidades, compone un valor de entre 350 mil y 400 mil dólares.
- El rango medio o alto de las escalas equivale a un total de entre 100 mil y 500 mil barriles, lo que representa entre 9,5 millones y 50 millones de dólares.
- El tope máximo para los casos más graves alcanza un millón y medio de barriles y representa entre 142 millones a 150 millones de dólares por infracción.
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Mediante sanciones patrimoniales, se aplicarán medidas punitivas contra las empresas y terceros que operen sin autorización en las islas Malvinas. Las medidas incluyen:
- Inhabilitación para operar. Se inhabilitará para actuar en territorio argentino a todas las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos sin consentimiento del Estado, directa o indirectamente.
- Endurecimiento de sanciones económicas. Se enviará al Congreso un proyecto para endurecer las penas de la Ley 26.659. Se prohibirá a los infractores contratar personal de capital público o privado en Argentina.
- Alcance a terceros. Las medidas incluyen a los proveedores que colaboren en estos proyectos, quienes recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas. Se procederá a la aplicación del juicio en ausencia cuando corresponda.
El Presidente informó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que definirá una política de aplicación de seguridad nacional y articulará acciones en las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. La medida establecerá un marco para la protección de la infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación. Se buscará que el Congreso le otorgue al nuevo organismo las facultades necesarias para que el Estado responda con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen a la soberanía nacional.
Durante la cadena nacional, Milei afirmó: "Tomar estas medidas en defensa de nuestra soberanía solo es posible gracias a haber rescatado a la Argentina del pozo en el que nos encontrábamos".
La Base Naval Integrada
Javier Milei anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. La base incluirá al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La iniciativa surgió en 2022 durante la administración de Alberto Fernández, con el objetivo de establecer un polo logístico entre el Atlántico Sur y la Antártida. El proyecto sufrió retrasos y demoras financieras, registrando un avance mínimo.
Luego de la cadena nacional, el mandatario firmó el decreto de necesidad y urgencia 867/2026. Esta decisión cobró impulso en 2024 cuando el Presidente viajó a Ushuaia junto a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, para posicionar el proyecto como un centro logístico internacional.
La base busca consolidar a Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida, fortalecer la presencia soberana y prohibir operar en el país a empresas vinculadas a actividades no autorizadas en Malvinas. La inversión prevista para 2026 es de 217 mil millones de pesos (unos 142 millones de dólares). Para 2027 se destinarán 330 mil millones de pesos (199 millones de dólares). El Ministerio de Economía detalló que la construcción se financiará en un 100% con recursos propios del Estado nacional, descartando cualquier tipo de financiamiento externo.
